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miércoles, 16 de febrero de 2011

Ni hechos aislados, ni falta de formación, ni resabios de la dictadura…


Cuando en el 2008, llamamos la atención de los medios y la población, junto con los internos del pabellón 3 de la cárcel de Boulogne Sur Mer y sus familias, en reclamo por las condiciones de vida de los presos, las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya llevaban dos años de vigencia y la cárcel ya se encontraba bajo intervención federal. Pese a que, mediante la organización y la lucha, se consiguieron todas las mejoras que exigíamos, a poco más de dos años de aquella pequeña victoria la situación de los presos ha vuelto a ser igual de lamentable.

Protestábamos entonces por la falta total de cuidado de la salud de los presos, de posibilidad de acceso a educación y trabajo, por el hacinamiento y las golpizas y vejaciones permanentes, por el castigo y el aislamiento al que no se sumara por las buenas a los negociados y manejos criminales de la oficialidad penitenciaria. Un par de meses pudieron los presos ver aplicados algunos de los derechos que les otorga la ley que regula su encierro (24.660), hasta que los más agitadores fueron separados del pabellón por las autoridades, que prohibieron algunas visitas y corrompieron el pabellón llenándolo de presos cómplices de los penitenciarios (“ratas”) y cambiando de pabellón a los que quedaban organizados.

A fines de enero las imágenes en video de torturas y vejaciones explícitas en la Unidad Penitenciaria de San Felipe (de procesados y faz de confianza) inundaron las tapas y pantallas de los medios provinciales y nacionales. Ante la evidencia obtenida por los presos (a través del robo del celular de un guardiacárcel), los gobiernos provincial y nacional, junto a una organización de abogados afines, salieron a “ocuparse” del caso definiéndolo como “hecho aislado”, a tan sólo meses de que se levantaran las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el penal. Las “soluciones” del poder consistieron en la detención de 7 de los guardiacárceles involucrados con ambos gobiernos como querellantes, “capacitación en derechos humanos” para la mafia penitenciaria y la entrega por primera vez en la historia de un jabón y una pasta dentífrica a cada preso (siendo que aún hoy se les niega todo artículo de limpieza).

El gobierno y organismos de DDHH se plantean solucionar la cuestión con “inspecciones” preanunciadas, mientras a los presos se les rompen los habeas corpus en la cara, siguen las amenazas, y el gobierno no sabe cómo parar la catarata de denuncias en las unidades penitenciarias de la provincia (que incluyen casos de tortura seguida de muerte por parte del personal penitenciario). Lejos de ser un “hecho aislado”, esta es la cotidianeidad de la cárcel mendocina, por primera vez en la pantalla de los televidentes, tan insensibles a la tortura en la Mendoza de hoy como la mayoría de las organizaciones sociales, sindicatos y partidos.

En nuestras calles el accionar de las fuerzas represivas del Estado no se diferencia demasiado en su “política de derechos humanos”. Todos los días la Policía de Mendoza protagoniza nuevos casos de extorsión, encubrimiento, violación, tortura, robo, vejaciones, muerte y, cómo no, esta modalidad de secuestro legal denominado “averiguación de antecedentes” (que viola el Pacto de San José de Costa Rica y contradice a la Corte Interamericana) con todo lo que trae aparejado.



No seas cómplice con tu silencio de los abusos de las fuerzas del orden. Ante un ataque del aparato represivo del Estado es indispensable que te comuniques en forma urgente con los más cercanos y organizaciones sociales afines para actuar de inmediato.

Contra el código contravencional, la ley de requisas, la ley antiterrorista y la detención por averiguación de antecedentes.


¡No deleguemos nuestra seguridad a nuestros verdugos!

LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS LA HACEMOS ENTRE TODOS



SOCIEDAD DE RESISTENCIA MENDOZA

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