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jueves, 12 de noviembre de 2009

El negocio de las cárceles en Argentina




Recientemente una investigación realizada por la Asociación Civil Unidos por la Justicia reveló las siguientes estadísticas: desde el Estado se gastan $6.329 pesos mensuales en cada detenido del Sistema Penitenciario Federal, un total de $112.994 anuales. El presupuesto anual total del SPF para el año 2009 llegó a un total de $1.043.954.195, un 0,5% del presupuesto nacional.

El Servicio Penitenciario Federaltiene alojados en sus 28 cárceles 9.249 detenidos, con 9.829 carceleros y agentes penitenciarios, en una clara relación de uno a uno. De esta masa de recursos el 70% se utiliza para pagar los salarios y jubilaciones (otros 9000 agentes retirados) del personal penitenciario. De lo que sobra, debido a los precios inflados por alimentación y mantenimiento con que los empresarios proveedores, directivos y carceleros se garantizan unas ganancias extra, tiene que comer, abrigarse y mantenerse la población carcelaria. En realidad la inversión que se realiza por cada preso es mayor ya que estos datos no incluyen los millonarios gastos del sistema judicial, traslados y custodias, y los detenidos en comisarías en espera de juicio.

Si bien en otros países varían los niveles de inversión como las condiciones de hacinamiento de la población carcelaria, la eficiencia de los sistemas penitenciarios en reinsertar en la sociedad a los detenidos es prácticamente tan nula como en la Argentina. En EEUU se podría habitar una ciudad mediana con sus 2,2 millones de presos, a un costo de u$s27.300 anuales, y un presupuesto total de 60.000 millones de dólares. En Chile y México cada preso cuesta unos 350 dólares (1400 pesos) mensuales, y en España ese gasto se eleva a 2400 euros (9600 pesos) por mes por cada detenido.

Todas las estadísticas mundiales en cuestión de criminalidad dan cifras parecidas: entre un 75 y un 95% de los detenidos provienen de extracción social baja, de familias pobres e indigentes, de escasos recursos económicos y bajo nivel de instrucción.Las cárceles del mundo están habitadas en su mayoría por pobres. Y los países con bajos índices de delincuencia suelen tener índices de pobreza muy bajos. La relación entre pobreza y delincuencia es tan evidente que insultan la inteligencia los informes acerca de la necesidad de invertir más recursos en seguridad y represión.

Las condiciones de hacinamiento (un pabellón con capacidad para 30 internos suele estar poblado por 120), las violaciones a los derechos humanos, los índices de mortalidad y de contagio de SIDA (un 10%)y los niveles de reincidencia son hiper-conocidos por todos. La comida de los presos, sus vestimentas y sus necesidades básicas son generalmente provistas por los mismos familiares de los detenidos, lo cual implica un gasto extra a familias que sufren pobreza endémica. Los familiares son maltratados, vejados y sometidos a la arbitrariedad de los carceleros, además de tener que trasladarse muchas veces cientos de kilómetros debido a los traslados compulsivos que afectan a casi toda la población carcelaria. En las cárceles de Mendoza los detenidos no tienen baños en funcionamiento y deben hacer sus necesidades en botellas y bolsas de plástico. En todas las cárceles faltan colchones, y los internos duermen sobre cartones en el piso. En otros penales no hay ventanas o cuando las hay no tienen cierres, igualando las condiciones del interior de los pabellones a la intemperie exterior.

Ya en 1883 Kropotkin puso en tela de juicio la capacidad de los regímenes carcelarios para cumplir sus objetivos de reformar a quienes habían cometido un delito. Esta crítica también era válida para el caso de cárceles modelo, donde las condiciones de vida se pudiesen considerar “buenas”. La perdida de la libertad de un sujeto no puede evitar su reincidencia, a no ser por el temor de cada persona de volver a repetir semejante experiencia. Quienes robaron por haberse criado en un ambiente de miseria, hacinamiento, violencia, drogas y promiscuidad familiar, difícilmente les signifique mucha diferencia el adentro y el afuera, por lo que se verán compelidos a delinquir nuevamente. Quienes lo hacen por causa de la drogadicción o el alcoholismo, o por causas psicológicas/psiquiátricas complejas, al no tratarse sus enfermedades (de índole psico-social) volverán a reincidir. Quienes accidentalmente o por autodefensa cometieron un asesinato, no hay nada que pueda hacer en su favor el régimen penitenciario, ya que no necesitan ningún tipo de reinserción. En verdad lo que revela el sistema penitenciario es una estructura de castigo y disciplinamiento, de alto costo y casi nula ineficiencia, donde reinan el horror y el negocio millonario.

Los periodistas se horrorizan al enterarse de las cifras de lo que cuesta cada detenido y azuzan al hombre de la calle con sus preceptos neofascistas: “¿Y todavía se quejan?”, “encima que delinquen hay que mantenerlos”, “la pena de muerte sería una buena solución”, “hay que cambiar las leyes y subir la imputabilidad a los menores”, “hay que reducir costos”, o su contrario,“hay que construir más cárceles”.Paralelamente el derechista Macri impulsa la “Nueva Policía Porteña”, nueva solo de nombre, porque en metodologíasy mañas es tan vieja como el FBI o la Gestapo. Millones de pesos mensuales extra para “prevenir” del delito, que van a pagar los porteños. La inseguridad es un negocio: mueve miles de millones de pesos anuales entre las agencias de seguridad privadas, los transportes de caudales, la venta de cámaras de seguridad, cristales blindados, rejas, programas televisivos, venta de revistas, etc. El negocio llega tal extremo que en Brasil un periodista (ex policía) financiaba a una banda de delincuentes, que asesinaban y robaban, para ser el primero en cubrir las noticias y convertirse en una estrella entre sus pares.

Está muy claro que si los recursos que se emplean en prevenir, reprimir y juzgar el delito se destinasen a eliminar la miseria y a generar oportunidades a los desplazados por este sistema capitalista, daría como resultado el fin del negocio de la seguridad y del sistema de disciplinamiento social que significa el régimen penitenciario y policial; lo cual a su vez pondría en peligro la estabilidad del capitalismo y del Estado. Esto sería pedirle peras al olmo, ya que ni políticos, ni empresarios, ni policías están dispuestos a suicidarse colectivamente o a reducir su parte en el negocio. Por eso las reformas y las mejoras en las condiciones de vida de los detenidos no acaban con el asunto, porque mantienen la esencia del mecanismo represivo estatal. Entonces, el sistema carcelario (uno de los pilares del sistema en la generación de delincuencia) solo podrá ser desmontado junto con el capitalismo y la máquina gubernamental. La inseguridad dejará de ser un problema cuando terminemos con los capitalistas, los gobernantes y los represores, ya que ellos son el “verdadero problema”.

Autor: Patrick Rossineri
Publicación: Libertad N° 53, octubre noviembre de 2009, Buenos Aires.

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