Las ocupaciones de tierras en Libertador General San Martín y Ledesma, en la provincia de Jujuy, y la posterior represión estatal con la ayuda logística de la familia Blaquier, accionista mayoritaria del grupo económico Ledesma, debe entenderse desde un trasfondo político, económico y social que se viene configurando desde hace décadas. Las ocupaciones no se dan porque sí, sino que responden, organizada o espontáneamente, a un contexto caracterizado por la concentración económica en manos de pocas familias, que al mejor estilo feudal deciden sobre el presente y el futuro de miles de personas, bajo la tutela y el beneplácito del estado provincial y nacional. Poder económico y poder político en plena armonía.
Ledesma es uno de los grupos económicos concentrados más tradicionales y poderosos de la Argentina, ya que es uno de los pocos que se puede vanagloriar de pertenecer en su totalidad a capitales nacionales. Produce caña de azúcar, alcohol etílico, azúcar para consumo, celulosa, papel, frutas cítricas, jugos y paltas, derivados del maíz, papel, agricultura, ganadería, gas natural y petróleo. Posee el 31% del mercado del papel y el 22% del de azúcar. Concentra bajo su órbita empresarial alrededor de 155000 hectáreas, o sea, el 80% de las tierras del departamento jujeño de Ledesma. 37000 de esas hectáreas están dedicadas a las plantaciones de caña de azúcar. A su vez, y desde 1982, incursiona en San Luis, a través de su subsidiaria Glocovil en la molienda de maíz y elaboración de jarabes de fructuosa y glucosa. Para ello destina 5000 hectáreas.
Pero no todo termina allí, sino que también dedica 2000 hectáreas a la plantación y empaque de cítricos y a la comercialización de jugos concentrados y administra 52000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el litoral destinadas a la producción ganadera. Y como no podía ser de otra manera, incursiona también en el negocio de la soja, a la que dedica 2000 hectáreas. Participa de la producción de petróleo y gas natural por medio de la UTE Aguaragüe, en la que es socia de Repsol, Tecpetrol, Petrobrás, Mobil Argentina y CGC. El oligopolio Ledesma tiene una facturación anual de 1500 millones de pesos y emplea a 7000 personas, decidiendo, de esa manera, sobre el devenir de la mayoría de las familias que viven y subsisten en el departamento de Ledesma y poblaciones aledañas.
Esta obscena realidad económica y social posiciona al grupo Ledesma, y a la familia Blaquier como los dueños no sólo de las tierras en el norte argentino, sino de la vida de miles de personas que por una cuestión de dependencia se ven obligados a vender su tiempo y fuerza a este monstruo económico que configura la fisonomía social del norte argentino. Nada escapa a su órbita, ni ninguna decisión estatal no pasa primero por los escritorios del oligopolio. Rara paradoja, ya que mientras el kircherismo continúa con su cruzada cuasi religiosa contra el grupo Clarín, más aún después de los resultados de las primarias del 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández sumó a la comitiva que la acompañó a Brasil a Federico Nicholson, uno de los principales ejecutivos del emporio Ledesma. Ambivalencias políticas que no hacen más que confirmar el rol de los grupos económicos, y sus convivencias con el poder de turno.
Como es de esperar, el poderío económico del grupo Ledesma se traduce inevitablemente en poder político. Y es tal la incidencia de la familia Blaquier que un recordado suceso histórico la muestra tal cual es:
El 27 de julio de 1976, la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la policía de Jujuy, la policía federal, el ejército y la gendarmería. A las 22hs se produjo, simultáneamente en las dos localidades, un apagón total, salvo en la fábrica de la empresa Ledesma.
Amparados en la oscuridad, en vehículos de la propia empresa manejados por sus empleados, las fuerzas represivas secuestraron a 400 personas: obreros, estudiantes, amas de casa. Todos fueron llevados a lugares clandestinos de detención, en los galpones de mantenimiento del ingenio Ledesma, donde permanecieron días y meses atados y encapuchados, para finalmente ser trasladados en grupos a la sede de la gendarmería o bien a la central de la policía en Jujuy. Los detenidos eran recibidos por el comisario E. Haig. La historia reciente de Jujuy lo recuerda como a uno de los asesinos más grandes del noroeste argentino. Él era quien decidía quien viviría y quien moriría. Los que sobrevivían a las torturas eran destinados al penal de Gorriti y de ahí al campo de concentración en la localidad de Guerrero, actual escuela de policía.
Este campo de concentración era habitualmente visitado por el obispo José Miguel Medina, quien en días de la “democracia” fue elevado a vicario castrense de las Fuerzas Armadas.
Ocupación, represión y muerte
El problema habitacional que sufre Jujuy se ha agudizado a partir de los cambios económicos que se vienen produciendo desde la década de 1990 en toda la Argentina. El avance de las plantaciones de monocultivos, sobretodo por la preponderancia dada a la soja transgénica, ha ocasionado la concentración de tierras en pooles empresariales agrícolas, en detrimento de las economías regionales, empobreciendo a grandes sectores poblacionales. En las localidades de El Libertador y Ledesma es alarmante la situación social: alrededor de 3000 familias (una de cada tres familias que componen la población de El Libertador) tienen serios problemas habitacionales.
Esta situación de desigualdad territorial, crisis habitacional y total dependencia del ingenio azucarero para la subsistencia diaria, a llevado a centenares de personas a ocupar tierras sin esperar nada a cambio por parte de los políticos de turno, ni de organizaciones sociales como la Tupac Amaru de Milagros Sala afín al gobierno kirchnerista, y menos aún de la familia Blaquier. La respuesta fue la de siempre ya que el 28 de julio los ocupantes fueron reprimidos por efectivos de la policía provincial jujeña ante la orden del estado provincial y nacional de desocupar los terrenos de la empresa. La represión se cobró la vida de tres ocupantes: Félix Reyes Pérez, Víctor Heredia y Ariel Farfán, pertenecientes los tres a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Hubo más de treinta heridos de bala de plomo, incluidos niños y se realizaron infinidad de detenciones para amedrentar y desalentar las ocupaciones que aún persisten.
El Indoamericano en Capital Federal; La Primavera en Formosa, Ledesma y El Libertador en Jujuy.
El Poder y sus camaleónicas formas: el capitalismo en estado puro.
Publicado en: Libertad! Nº 59, octubre-noviembre de 2011, Buenos Aires
Autor: Gastón
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