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miércoles, 16 de febrero de 2011

Ni hechos aislados, ni falta de formación, ni resabios de la dictadura…


Cuando en el 2008, llamamos la atención de los medios y la población, junto con los internos del pabellón 3 de la cárcel de Boulogne Sur Mer y sus familias, en reclamo por las condiciones de vida de los presos, las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya llevaban dos años de vigencia y la cárcel ya se encontraba bajo intervención federal. Pese a que, mediante la organización y la lucha, se consiguieron todas las mejoras que exigíamos, a poco más de dos años de aquella pequeña victoria la situación de los presos ha vuelto a ser igual de lamentable.

Protestábamos entonces por la falta total de cuidado de la salud de los presos, de posibilidad de acceso a educación y trabajo, por el hacinamiento y las golpizas y vejaciones permanentes, por el castigo y el aislamiento al que no se sumara por las buenas a los negociados y manejos criminales de la oficialidad penitenciaria. Un par de meses pudieron los presos ver aplicados algunos de los derechos que les otorga la ley que regula su encierro (24.660), hasta que los más agitadores fueron separados del pabellón por las autoridades, que prohibieron algunas visitas y corrompieron el pabellón llenándolo de presos cómplices de los penitenciarios (“ratas”) y cambiando de pabellón a los que quedaban organizados.

A fines de enero las imágenes en video de torturas y vejaciones explícitas en la Unidad Penitenciaria de San Felipe (de procesados y faz de confianza) inundaron las tapas y pantallas de los medios provinciales y nacionales. Ante la evidencia obtenida por los presos (a través del robo del celular de un guardiacárcel), los gobiernos provincial y nacional, junto a una organización de abogados afines, salieron a “ocuparse” del caso definiéndolo como “hecho aislado”, a tan sólo meses de que se levantaran las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el penal. Las “soluciones” del poder consistieron en la detención de 7 de los guardiacárceles involucrados con ambos gobiernos como querellantes, “capacitación en derechos humanos” para la mafia penitenciaria y la entrega por primera vez en la historia de un jabón y una pasta dentífrica a cada preso (siendo que aún hoy se les niega todo artículo de limpieza).

El gobierno y organismos de DDHH se plantean solucionar la cuestión con “inspecciones” preanunciadas, mientras a los presos se les rompen los habeas corpus en la cara, siguen las amenazas, y el gobierno no sabe cómo parar la catarata de denuncias en las unidades penitenciarias de la provincia (que incluyen casos de tortura seguida de muerte por parte del personal penitenciario). Lejos de ser un “hecho aislado”, esta es la cotidianeidad de la cárcel mendocina, por primera vez en la pantalla de los televidentes, tan insensibles a la tortura en la Mendoza de hoy como la mayoría de las organizaciones sociales, sindicatos y partidos.

En nuestras calles el accionar de las fuerzas represivas del Estado no se diferencia demasiado en su “política de derechos humanos”. Todos los días la Policía de Mendoza protagoniza nuevos casos de extorsión, encubrimiento, violación, tortura, robo, vejaciones, muerte y, cómo no, esta modalidad de secuestro legal denominado “averiguación de antecedentes” (que viola el Pacto de San José de Costa Rica y contradice a la Corte Interamericana) con todo lo que trae aparejado.



No seas cómplice con tu silencio de los abusos de las fuerzas del orden. Ante un ataque del aparato represivo del Estado es indispensable que te comuniques en forma urgente con los más cercanos y organizaciones sociales afines para actuar de inmediato.

Contra el código contravencional, la ley de requisas, la ley antiterrorista y la detención por averiguación de antecedentes.


¡No deleguemos nuestra seguridad a nuestros verdugos!

LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS LA HACEMOS ENTRE TODOS



SOCIEDAD DE RESISTENCIA MENDOZA

viernes, 4 de febrero de 2011

Crónica de una presecución anunciada


2010, un año clave en la represión antianarquista


Lo que sigue no es un balance crítico del complejo año que se marchó. Nuestra intención es modesta, más bien deseamos reseñar y ordenar algunos hechos e hitos referentes a la represión al movimiento antiautoritario. No buscamos la victimización, ni la glorificación. Expondremos los datos para que cada acto, cada gesto de rebeldía y cada respuesta estatal, trasciendan su peculiaridad y sirvan, si es el caso, para mejor enfrentar a la Autoridad. Quedará pendiente el debate sobre las proyecciones y alcances, sobre la utilidad o perjuicio, de lo que aquí se reseñará. Al igual que el 2009, el año recién pasado será clave para la discusión sobre el insurreccionalismo criollo y sobre el modus operandi utilizado por el Estado para combatirle a él y a todos aquellos que se plantean en guerra contra el Orden imperante. Veamos.
La represión estatal no esperó un día para actuar y durante el “año nuevo” (2009-2010) sorprendió y persiguió al compañero vasco Asel Luzarraga que residía en Padre Las Casas (Araucanía) desde hace algunos meses atrás. La policía, como acostumbra, preparó un montaje casi perfecto, casi. A Luzarraga se le acusó de varios atentados explosivos en aquella Región y se dijo encontrar un extintor en su casa, obviamente, según la policía, para ser usado en alguna fechoría subversiva. Asel estuvo preso dos meses y luego padeció detención domiciliaria hasta que finalmente, en agosto, fue liberado por falta de pruebas.
En Santiago el 16 de Marzo, cuando ya gobernaba Piñera, luego de siete meses de prisión por el ataque a un cuartel de la PDI, Pablo Carvajal y Matías Castro salieron en libertad. Un mes después, el 12 de abril, Cristian Cancino (“Margarito”) corrió similar suerte tras haber sido detenido en Mayo de 2009, tras la muerte del Mauri. El 26 del mismo mes fue detenida Estela Cortez tras ser acusada de atacar la sede de la UDI en Antofagasta, permaneciendo en prisión hasta el 15 de Mayo. Un hecho para apuntar: en los tres casos anteriores los compañeros debieron asumir culpas para evitar permanecer más tiempo recluidos.
En esta reseña también corresponde destacar la situación de aquellos luchadores que alguna vez pertenecieron al marxista Movimiento Juvenil Lautaro, algunos de ellos hoy cercanos a grupos antiautoritarios. Hombres y mujeres criminalizados una y otra vez por las autoridades, la prensa y por algunos que se hacen llamar libertarios. El 3 de mayo y luego de ser capturado el 29 de marzo de 2009, salió libre Marcelo Dotte. A su vez, desde el 9 de ese mismo mes, la compañera Flora Pavez puede acceder al “beneficio” de las salidas dominicales. El 9 de julio atraparon a Juan Aliste Vega. Hay que recordar que desde fines de 2009 también están encarcelados Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla. Más allá de la veracidad o no de las acciones que se les imputan, cabe destacar la constante campaña de difamación y la forma en que se ha prejuzgado a los exlautaristas aún antes de tener las pruebas a mano.
A mediados de Junio hubo cambio en el equipo represor y asumió la cabecera de la investigación sobre “el caso bombas” el Fiscal Alejandro Peña. Arreciaban las críticas a los anteriores funcionarios encargados de la pesquisa tras no obtener resultados a pesar de las más de 100 explosiones. Paralelo a ello, el diario La Tercera asumió implícitamente su rol como vocero de la Fiscalía Sur, preparando mediante periódicos reportajes y notas mentirosas, el escenario propicio para la posterior arremetida estatal.
Mientras se preparaba el gran golpe, ocurrió un hecho que no merece olvidarse o ser recordado simplemente como un dato curioso, risorio. El 6 de julio se “detuvo” a un tal Roberto Gajardo, apodado “el nazi”, joven emprendedor dedicado al rubro de la dinamita. Cobraba, dice la prensa, entre 80 y 100 mil pesos por cada bomba. Los anarquistas, por supuesto, eran sus clientes frecuentes. Basta el seudónimo y lo burdo del negocio, así como el hecho de no ser “conocido” por nadie, para concluir la falsedad del hecho. Pues de ser una persona y un caso real, nadie entiende por qué no fue juzgado junto a los 14 compañeros capturados en agosto. El Fiscal Peña tiene, ya lo sabemos, bastante imaginación.
Sin duda el episodio más grave del 2010 en cuanto a la represión antianarquista fue la detención simultánea de 14 compañeros y compañeras, acaecida el 14 de Agosto. Suceso que reúne en sí mismo todas las variantes de artimañas utilizadas por las autoridades para perseguir a quienes se enfrentan a ellas. Pruebas falsas, manipulación de “evidencias”, hipótesis de investigación absurdas, cerco mediático, criminalización automática, etcétera. En el colmo del absurdo, el Estado señaló que los 14 compañeros y compañeras pertenecen a una organización terrorista con líderes, ayudantes, financiamiento extranjero y una estructura creada para infundir terror en la población. Figura legal ésta última que hace posible la aplicación de la Ley Antiterrorista. Varios de los detenidos lo están por su pasado lautarista. Otros, por la fantasía mental de Gustavo Fuentes (“El Grillo”), tipo que intentó asesinar a Candelaria Cortez-Monroy, precisamente una de las compañeras perseguidas desde Agosto. Es la llamada Operación “Salamandra” y el Ministro Hinzpeter quiere todo el peso de la Ley sobre los antiautoritarios.
Pero la arremetida estatal no se contenta solo con la cárcel para los compañeros y compañeras, pues también incide directa e indirectamente en otras situaciones. Ya sea por el acoso, por la acción explícita de las autoridades, por la propia convicción, por la necesidad de evadir al Poder o por otras razones, varios centros sociales han dejado de existir. Espacios perdidos al igual que aquellos que se vinieron abajo con el Terremoto del 27 de Febrero.
Hoy, enero de 2011, hay menos okupaciones que a igual fecha del año anterior. Hay más de 10 compañeros tras las rejas y un proceso pendiente que incluye a varios más. Y eso sin contar con las investigaciones secretas que en este momento se desarrollan. Se meten en los correos electrónicos, escuchan llamadas, chequean amistades, etcétera. Por otro lado, hay dos compañeros prófugos de la Justicia chilena, Gabriela Curilem y Diego Ríos. Donde quiera que estén, que sus pies sean ligeros. Hay amigos y familiares movilizándose por la libertad de los compas. Hay urgencia de actuar y de estar pendientes. Hay necesidad de estar preparados, de tomar precauciones sin caer en la paranoia y el inmovilismo, es hora de ser más astutos que el dueño de la baraja.
Podemos compartir o no los planteamientos de varios de los compañeros perseguidos. Podemos estar de acuerdo o en contra. Pero la solidaridad no es solo palabra escrita y tal vez no debiera estar en discusión en este caso. Y no para que el apoyo mutuo sea manoseado como un simple cliché, como un deber folclórico. Aquí hay vidas y libertades en juego. Es, tremenda y simplemente, una de las tantas horas de prueba para la coherencia de cada uno.

Autor: Grupo anarquista El Surco
Publicado en: El Surco, Nº 23, enero 2011, Santiago, Chile

Abuso y brutalidad policial


A lo largo de la historia de la región chilena son numerosos los episodios relacionados con el abuso policial (civil y uniformado), especialmente, contra todos aquellos individuos que transgreden la ley (y moral) burguesa sobre la cual se sustenta la propiedad privada y el sistema de dominación en su conjunto. A comienzos del siglo XX los anarquistas, de estas tierras, arremetieron ácidamente -en su prensa- denunciando las bárbaras prácticas, no sólo de la Sección de Seguridad (policía civil antecesora de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile), sino también, años más tarde, del Cuerpo de Carabineros de Chile (policía uniformada). En las páginas de sus periódicos fueron recurrentes las denuncias de tortura, vejámenes, humillaciones, allanamientos y aprehensiones arbitrarias (entre otras prácticas), contra luchadores sociales y revolucionarios perpetrados por la policía. Asimismo, los ácratas denunciaron sin titubear las arbitrariedades de los esbirros del poder contra los sectores obreros y populares, en el marco de conflictos socio-laborales y en la vida cotidiana. Abusos, abusos y más abusos. Individuos, provenientes en su mayoría de los sectores populares, que dotados de una autoridad ínfima hostigaban, incluso a sus padres y hermanos, resguardando la propiedad y el orden de los ricos, constituyéndose en mercenarios de éstos. A comienzos del siglo XX, fueron tantos los abusos de la policía, que incluso el poder no pudo hacer vista gorda, teniendo que re-disciplinar y castigar (¿violentamente?) a los uniformados y civiles por su falta de “patriotismo”. Así lo demuestran los archivos ministeriales del Estado. Violaciones (y agresiones sexuales), robos, saqueos, asesinatos, conatos en estado de ebriedad o ligados al comercio sexual, etc. situaciones en las cuales la policía se vio comprometida. Y no precisamente atentaban o robaban a los ricos, sino contra los que nada tenían, de forma prepotente y autoritaria. Hoy en día la situación no ha cambiado en demasía. Numerosos son los casos –y no sólo los más bullados- en que la policía ha arremetido violentamente contra los sectores populares. De hecho, entre el 1990 y el 2004 se presentaron más de 6.400 denuncias por “violencia innecesaria” en los tribunales militares, lugar donde son procesados los pacos represores.
Es más, en las poblaciones periféricas los pacos hacen y deshacen ante la mirada atónita (y de rabia contenida) de los pobladores. Secreto a voces son sus nexos con los narcotraficantes, que no tienen escrúpulos a la hora de venderles papelillos de mierda a niños y jóvenes pobres, coludidos y protegidos por ellos mismos. A fin de cuentas, es más funcional al sistema un drogadicto (y alcohólico) que un luchador social o un revolucionario que ha declarado abiertamente la guerra al sistema de dominación. Y para que hablar de las fechas conmemorativas en las poblaciones (11 de septiembre, 29 de marzo, etc.), en las cuales los pacos dan rienda suelta a su violencia sin medir consecuencias, mediante el uso de bombas lacrimógenas, balazos, golpizas y maltratos. No obstante, es necesario señalar, que los abusos no sólo son perpetrados para días conmemorativos o se constituyen como hechos aislados como nos quieren hacer creer los medios de comunicación de los ricos (véase a propósito: http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article3738). En la población La Legua, de la Comuna de San Joaquín, los abusos de la policía son de larga data, a propósito de los pacos enfermos que jalaban “napolitano” (propelente de gas lacrimógeno) en las radio-patrullas o que carreteaban en la misma comisaría (la 50ª Comisaría de San Joaquín), para después torturar y vejar a quien se les cruzara en el camino. Dichas prácticas son pan de cada día a pesar del lavado de imagen que los altos mandos de la policía civil y uniformada, realizan cuando salen a la luz pública o son denunciados por los agredidos. Lavado de imagen en los cuales los medios de comunicación de los ricos juegan un importante rol, a la par con la criminalización de la protesta social. De hecho, al día siguiente de que los seis pacos de la Comisaría de La Legua, fueran dados de baja y procesados por la Justicia Militar (y no civil), por las torturas perpetradas contra Juan Alejandro Berríos, poblador de La Legua, los medios repetían insistentemente las “buenas obras” realizadas por carabineros -los días anteriores- y trasmitían las declaraciones del Prefecto de Carabineros que atribuía los excesos de los “funcionarios” a “pecados de juventud” señalando que eran “hechos aislados” o “puntuales” que empañaban la esforzada labor del cuerpo policial completo. Es más, programas como “Policías en Acción”, de Chilevisión, en formato docu-reality, editados (entiéndase recortados) con anterioridad a ser mostrados por la TV abierta, pretenden mostrar el “trabajo digno” y sacrificado de los pacos que arriesgan su vida “protegiendo a la ciudadanía”, generando además, paranoia social, en tanto nos muestran una sociedad regida por la ley de la selva, en donde se justifica el accionar de estas instituciones represoras por excelencia. Se avala y legitima su accionar. Demás está decir, que desde el fin de la Dictadura Militar la policía civil y uniformada sigue cumpliendo su rol de control social y resguardando el poder y orden de los ricos.

Autor: Pacoylaconchetumare
Publicado en: El Surco, Nº 23, enero 2011, Santiago, Chile.

miércoles, 2 de febrero de 2011

¿Anarquía y lucha de clases?


Como anarquistas poseemos una serie de ideas y prácticas para hacer frente a los diversos problemas que la vida cotidiana nos plantea. Sin embargo, algunos de esos desafíos son hoy muy difíciles de solucionar, lo que nos obliga a entrar en constante contradicción con ciertas cuestiones momentáneamente irresolutas, como lo son el lidiar con un sistema de educación, salud, transporte y de vida en general, contrario a la libertad y a la solidaridad. Aún así, y a pesar de que hay cosas que temporalmente no po¬demos saldar, para nosotros resulta urgente, ineludible, sostener la intención constante de remediarlas desde una perspectiva que no signifique conculcar nuestras ideas. Es decir, exigiéndonos coherencia entre fines y medios.

Por otra parte, la rica heterogeneidad del medio libertario nos invita a estar en constante discusión con otras perspectivas. Discusión que creamos, alentamos y no eludimos (1). Y como la anarquía no puede ser un sistema cerrado de ideas, esto nos obliga a reconocer nuestros errores cuando existen, exponer nuestras perspectivas y a tener todo el derecho de equivocarnos. Pero hay algo en lo que no transamos aunque se nos tache de soberbios. Esto es, en esta búsqueda de coherencia entre los fines y los medios. Y por ella es que hemos combatido el clasismo en la anarquía.

Se nos ha mirado con desconfianza desde todos lados por no comulgar con el “clasismo” como herramienta emancipatoria. Y muchos ignorantes del real significado de nuestras ideas, han creído ver en nosotros a otro grupo más de “ultraliberales contrarrevolucionarios”. La simplificación les ha sido fácil, si no gritamos “arriba la clase obrera”, es porque somos pequeño burgueses o porque no sabemos un carajo donde estamos parados. Han visto solo lo que han querido ver.

Podremos tal vez estar equivocados, pero si el clasismo no nos parece afín es por una cuestión clara, no encontramos en él conciliación con la finalidad anarquista, esto es, con una sociedad libre, una sociedad sin clases sociales. En otras palabras, no pode¬mos buscar una sociedad así, valiéndonos de perspectivas clasistas, de igual forma en que no queremos luchar por una sociedad libertaria perteneciendo a grupos con características y prácticas autoritarias. Pues aquello sería tan aberrante como imponer la anarquía siendo dictadores. No hay que esperar a un mañana para crear una sociedad sin clases. ¿Por qué sostenernos en lo que buscamos destruir? El clasismo fue una herramienta bastante útil, lo reconocemos. Gracias a él se aglutinaron y plantaron cara al sistema infinidad de valiosas vidas. Se obtuvieron grandes victorias, etcétera. Pero el clasismo es una perspectiva limitada y excluyente de la finalidad universalista de nuestras ideas. Como anarquistas, buscamos la liberación del hombre y la mujer en su plenitud, no solamente la de algunos o sólo en relación con el lugar en el sistema de producción de cada uno.

Y la verdad es que nos importa poco que Bakunin y todos los santos de la anarquía hayan dicho otra cosa. El pasado está para problematizarlo, para no repetir errores, para sacar lecciones, no para sacralizarlo. Por cierto, no está demás señalar que desde inicios del siglo XX hubo anarquistas contrarios al clasismo, opacados abrumadoramente por los otros claro, pero los hubo.

En fin, no nos creemos poseedores de la verdad anarquista. Esta es nuestra sospecha, es la discusión que invitamos a contestar con altura de miras, con sobriedad.

Grupo Anarquista “El Surco”

1. Esto no es una respuesta, pero puede servir para continuar la discusión iniciada con el texto “contra el fetichismo obrero” escrita por un compañero de El Surco y respondida colectivamente por el grupo que hoy se autodenomina “Federación” comunista libertaria.

Publicado en: El Surco nº23, enero-febrero 2011, Santiago, Chile.